ENTREVISTA A ROXANA MAURIZIO

07 Apr 2019
La Nación

Por Silvia Stang  

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La economista especializada en temas laborales advierte que la tasa de empleo lleva años sin crecer y que la desocupación debilita las condiciones del mercado

El índice de desempleo mostró en la Argentina, según el dato del Indec al cuarto trimestre de 2018, un aumento respecto de ese período de 2017: se ubicó en el 9,1% de la población activa. El signo negativo de la variación no llamó la atención en un contexto de recesión económica. Pero, más allá de ese agravamiento del problema social que se dio de un año a otro, una mirada a lo que ocurre en el mediano plazo con los indicadores laborales permite saber, por ejemplo, que la tasa de empleo (porcentaje de ocupados sobre la población total) lleva más de 10 años estancada en alrededor de 42% y que van muchos años sin cambios significativos en otros indicadores, como el de informalidad. A esos datos está atenta la economista Roxana Maurizio, docente e investigadora en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet.

En un diálogo con LA NACION, Maurizio advirtió que, para el diseño de las políticas contra el trabajo no registrado, hace falta ver que se trata de un problema con heterogeneidad de situaciones. Y, según dijo, no hay evidencias de que bajar contribuciones patronales sea eficiente y eficaz para lograr una mayor formalización.

Analizó, además, que en el mediano plazo la suba de la desocupación no solo tiene que ver con el empleo en caída, sino también con lo que pasa con la tasa de participación laboral, que empezó a mostrar una tendencia a crecer hace unos años.

-En cuanto a esa tasa de actividad, ¿no es esperable que crezca? ¿O no es incluso deseable, si se tiene en cuenta que la participación laboral de las mujeres es mucho más baja que la de los varones?

-Absolutamente. Se esperaba que en la década pasada la tasa de actividad aumentara, pero estuvo por lo general estancada. Lo que más la mueve es lo que hagan las mujeres, porque entre los hombres ya es alta. Y hubo fluctuaciones cíclicas que tuvieron que ver básicamente con las mujeres y los jóvenes, que pueden estar entrando más tardíamente al mercado laboral. Algo que llama la atención de los años 2000 es que el estancamiento tuvo por detrás una caída de la participación de mujeres de menor nivel educativo que viven en hogares con menores, y eso no tiene que ver con la Asignación Universal por Hijo, porque es algo que viene de antes.

-Como la tasa de empleo, la de informalidad también está quieta.

-Se había observado una caída muy fuerte entre 2003 y 2010/2011. Después siguió reduciéndose, pero a menor ritmo, hasta 2015. Y desde 2015 estamos en alrededor de un tercio del total de asalariados. En 2016, 2017 y 2018 hubo subas de un punto, un punto y medio de ese índice. Es un leve crecimiento de la informalidad en paralelo con un aumento del desempleo: el alto desempleo es una punta del iceberg que debilita las condiciones de empleo.

-¿Qué efectos podrían tener políticas tales como el blanqueo laboral que propone el Gobierno, si se tiene en cuenta quiénes son o dónde trabajan los informales?

-Si se mira por tamaño de empresas, más de 65% de los informales está en microestablecimientos de hasta 5 ocupados. Ahí hay una situación de baja productividad, no se cumple con la normativa laboral porque se está en la economía informal. Si se mira por actividad, un cuarto de la informalidad está en el servicio doméstico, y ahí las políticas de las que se habla no aplican. Si uno quiere atacar la informalidad en establecimientos pequeños, es poco probable que haya logros solo con la baja de contribuciones patronales; se necesitan políticas laborales y también productivas. Una política que se propone es el blanqueo y otra, ya en marcha, es la del mínimo salarial no imponible [un monto fijo de los salarios que actúa como piso sobre el cual comienzan a pagarse las contribuciones sociales]. En la experiencia argentina, no hay evidencia de que una baja de contribuciones sea una herramienta eficiente, eficaz y suficiente para bajar la informalidad. El aspecto fundamental, la condición necesaria, es un crecimiento económico que sea estable. Y las políticas como la baja de contribuciones podrían ser selectivas. Con la baja de contribuciones hay incertidumbre sobre los efectos en la formalización, y hay certeza de que hay menos recursos para la seguridad social.

-El costo de las indemnizaciones por despido, ¿es algo a revisar? ¿Tendría efecto una baja o un cambio para que, por ejemplo, cada convenio fije sus reglas?

-La respuesta va en el mismo sentido que la referida a las políticas para formalizar. El debate sobre este tema se vincula con el seguro de desempleo: ¿qué diferencia al seguro de desempleo de la indemnización? Los dos dan un sostén a quien queda desocupado; uno lo da en un momento y el otro prevé un ingreso durante un período. En las discusiones, sobre todo en los años 90, se decía que, habiendo seguro, ¿para qué la indemnización? Pero en la Argentina hay un seguro de desempleo que cubre a muy pocos y con montos muy pequeños y, como en toda la región, hay una tasa de rotación alta. La indemnización previene que la rotación suba más. La pregunta es si necesitamos más flexibilidad, si el aparato productivo requiere más dinamismo. Y no parece estar esa necesidad.

-¿Se necesita una regulación laboral para las economías de plataformas?

-Es un debate abierto, más presente en el mundo desarrollado que aquí. En un país con alta informalidad, quizá estos empleos podrían ser una vía para la formalización; eso depende de cómo se fijen las relaciones. Ya sea que a los trabajadores se los reconozca como asalariados o como independientes, si se exige que estén registrados en el esquema tributario hay un paso adelante cuando se compara con la informalidad.

-¿Y deberían ser considerados asalariados o independientes?

-Esa es la disyuntiva. La definición tradicional es que el asalariado vende su fuerza de trabajo para un empleador que le da los medios de producción y establece las reglas del contrato. Y un independiente es su propio jefe, fija sus normas, pone su capital a trabajar y responde por él. La dificultad que se da en estas economías de plataformas es que los empleos son un caso intermedio; por ejemplo, está el que es dueño de su bicicleta pero no es su propio jefe porque le fijan reglas. No es el caso del plomero que está en su casa y, a demanda, va a hacer un trabajo usando sus medios de producción. Por eso, en varios países se dan diferentes fallos de la Justicia respecto del empleo en estas plataformas. Y la OIT los ha llamado trabajadores independientes, dependientes económicamente. Sobre esa discusión se monta el tema de si hay que regularlos y darles protección y si es, en todo caso, una protección que esté por fuera del sistema laboral.


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