Los biocombustibles son una pieza central de la bioeconomía. Su desarrollo debe compatibilizar los cuidados ambientales y la rentabilidad de los negocios. El actual sistema de precios como inductor de decisiones privadas y asignador de recursos sociales se torna crítico para: i) establecer e impulsar nuevas fuentes de energías renovables (largo plazo); y ii) garantizar la oferta y rentabilidad (corto plazo). El paradigma energo-intensivo, basado en combustibles fósiles, responde a señales de precios privados de corto plazo, pero genera distorsiones a largo plazo (no contempla externalidades negativas ni incluye demandas de sustentabilidad). Un cambio hacia una matriz energética sustentable demanda respuestas en dos direcciones: crear las reglas fundamentales para un nuevo mercado (“las bioenergías”) y establecer un set de precios de largo plazo que incluya las restricciones ambientales (ajustando criterios de rentabilidad privada a objetivos sociales). Ante las dificultades del mercado de compatibilizar ambos objetivos aparecen las intervenciones estatales. Los diferentes esquemas de fijación de precios han resultado una pieza fundamental en el diseño de los marcos normativos que generaron diferentes mercados de biocombustibles. Se distinguen cuatro mecanismos principales: precios fijados por la Autoridad de Aplicación, licitaciones puras, licitaciones condicionadas y esquemas de libre competencia. Estos esquemas han sido complementados, en algunos casos, por mecanismos que intentan corregir imperfecciones de mercado (externalidades negativas), tales como el efecto de los combustibles fósiles en el cambio climático. El trabajo comienza con una revisión teórica de las dificultades del mecanismo de precios como asignador de recursos no renovables. Posteriormente analiza casos de intervenciones estatales en los mercados de los biocombustibles.
Roberto Bisang - Agustín Torroba